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Ruido ambiental en Chile: la necesidad de un enfoque diferente

Por Rodrigo López Pulgar
Ingeniero Civil en Sonido y Acústica, UTC
Máster en Infraestructura Sostenible, KTH



A estas alturas resultaría redundante ahondar aquí en los efectos adversos que causa el ruido ambiental en las personas, sobre todo considerando lo mucho que ya se ha investigado y publicado al respecto. El control del ruido ambiental en ciudades aún es un problema pendiente en Chile que no se ha podido abordar en forma definitiva, a diferencia de la situación en países miembros de la Comunidad Europea que, a partir las recomendaciones de su Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, hace ya algún tiempo han iniciado planes concretos de acción a nivel local.

De acuerdo a un estudio realizado en 2001 por el entonces SESMA, el que consistió en una comparación entre los niveles de ruido medidos en 1989 y 2001, la totalidad de la población muestreada en el Gran Santiago está expuesta a niveles de ruido que interfieren con el sueño de las personas, mostrando además que sus viviendas no se encuentran en sectores aptos para habitar. Es fácil deducir de lo anterior que la calidad de vida de los habitantes no ha mejorado en términos de ruido ambiental, hecho que deja en evidencia la complejidad del panorama que enfrentan las autoridades para su control.

Aún cuando el ruido se podría considerar como un contaminante ambiental más debido a sus adversas consecuencias para la salud de las personas, no cuenta con planes de prevención y descontaminación como los que desde 1996 se han elaborado para el material particulado—responsable de la contaminación atmosférica—o programas de reciclaje de residuos sólidos, permaneciendo relegado a segundo plano al momento de establecer prioridades de acción. De esta manera, pareciera ser que el ruido ambiental no es más que una externalidad negativa de la modernidad y el desarrollo que prácticamente ha sido asumida por la población.

Los niveles de ruido existentes en zonas urbanas se deben principalmente al ruido generado por transporte, siendo el tránsito vehicular la fuente de ruido predominante. Aún cuando desde 2003 se cuenta con una norma de emisión de buses de locomoción colectiva, el problema podría subsistir en la medida que no se lleve a cabo una fiscalización efectiva en terreno. En teoría, la emisión de ruido de los buses que entran en circulación es medida y evaluada en plantas de revisión técnica idóneas para dicho procedimiento, pero en la práctica los altos niveles de ruido generados por el paso de éstos a los que estamos expuestos diariamente es evidencia suficiente para considerar su eficacia como un hecho debatible.

Otro tipo de fuente de ruido ambiental importante es la denominada fuente fija, que contempla diversas actividades tales como procesos industriales, establecimientos educacionales y locales nocturnos, entre otros. En este caso, el marco regulatorio está definido por una norma de emisión que establece niveles máximos de ruido a cumplir por dichas actividades en función tanto de su horario de funcionamiento como del uso de suelo en que se encuentre el receptor afectado.

Sin embargo, el hecho de que aún no se adopte un criterio general de exposición de la población al ruido ambiental, como el de la OMS, confiando la solución del problema a un arsenal de normativas, no estaría garantizando en absoluto la posibilidad de un desarrollo urbano sostenible. Hoy en día, los criterios que definen la forma en que se soluciona el problema de ruido ambiental son principalmente cuantitativos, pues lo que importa en definitiva es el cumplimiento de los niveles de ruido con un nivel máximo permitido, sin considerar otros aspectos de carácter cualitativo tan importantes como son la percepción de los receptores afectados y una participación ciudadana activa.

Por otra parte, en la medida que el ruido no sea considerado como una variable ambiental importante en la toma de decisiones y se mantenga al margen de la agenda política, poco es lo que se avanzará en su control. Y aquí el objetivo pendiente no descansa solamente en la concientización de la población sobre el ruido ambiental y sus efectos sobre nuestra salud física y mental, sino que implica un proceso de concientización de las propias esferas políticas y económicas que tienen el poder de decidir la calidad de vida de la gente, y con ello generar la voluntad política necesaria para llevar a cabo planes de acción concretos y eficaces.

Los ejemplos de proyectos donde la variable acústica ha sido completamente obviada o—en el mejor de los casos—postergada abundan, y por el momento no se vislumbran indicios claros de que el panorama cambie. Situaciones tan absurdas como permitir el uso de suelo habitacional en terreno colindantes a industrias molestas o a avenidas de alta demanda vial son pan de cada día en nuestras ciudades, y que deberían tenerse en cuenta en procesos urbanísticos como el de reconstrucción que hoy ocupa a las autoridades de este país.

Es en procesos de planificación y gestión local donde justamente la incorporación del ruido como criterio de diseño juega un rol primordial, pues de esta manera surge la posibilidad de obtener el máximo de beneficios ambientales y sociales a un costo aceptable. La implementación de medidas de mitigación como resultado de quejas o de incumplimientos con la normativa, obedece a una actitud reactiva que a menudo se traduce en gastos adicionales, y que en la mayoría de los casos podrían evitarse si se adopta una actitud más proactiva al tener en cuenta el aspecto acústico en todas las etapas de un proyecto.

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